Más Libertad produce más Riqueza. Negar este hecho es una tontería. Haciendo un análisis cuantitativo mediante técnicas simples de estadística descriptiva, se evidencia la correlación entre Libertad (medida mediante el Heritage Institute Economic Freedom Index) y la riqueza (medida en términos del PIB per cápita)
De los 18 países que se encuentran en el decil superior de PIB, 9 se encuentran también en el decir superior de Libertad Económica, 6 se encuentran en el segundo decir y sólo hay 3 que no están por encima del percentil 80 de libertad: Kuwait, Arabia Saudi y Bahein, que (¿casualmente?) son países petroleros.
El petróleo que hay en el territorio de Venezuela debe ser de los venezolanos. No de forma retórica, indirecta, bajo el control del gobierno, sino en propiedad pura y simple. Lo más pernicioso de que la propiedad de los recursos del subsuelo venezolano sean administrados por el Estado es que éste dispone de forma libre y arbitraria de un flujo constante de riquezas que le permite actuar a la manera de forajidos contra los propios venezolanos.
Si bien, el marco constitucional actual no permite la privatización de las riquezas minerales (Art. 311) se podría comenzar con un esquema de distribución de las utilidades de PDVSA entre los venezolanos siguiendo el modelo que usa Alaska.
a.- Las regalías petroleras se pueden repartir de forma directa en partes iguales entre todos los venezolanos.
b.- Los impuestos petroleros se pueden eliminar. En su lugar, se puede aplicar una cuota de regalías superior de tal manera que el ingreso se redistribuya en forma de renta básica en vez de ser administrado por el gobierno.
c.- Las utilidades de PDVSA se pueden repartir con la misma base que las regalías.
Más adelante, la reforma de la constitución debe permitir la privatización total de las riquezas, que puede hacerse fácilmente si se han aplicado previamente las medidas anteriores, sobre la misma base de los beneficiarios del reparto de regalías y utilidades.
Aquí, el texto del artículo 311 que establece los lineamientos para la planificación y uso de los fondos provenientes de riquezas naturales, violado en forma y en fondo por el propio régimen dictatorial y comunista que tiraniza el país:
Artículo 311. La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta debe equilibrarse en el marco plurianual del presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios.
El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional para su sanción legal un marco plurianual para la formulación presupuestaria que establezca los límites máximos de gasto y endeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley establecerá las características de este marco, los requisitos para su modificación y los términos de su cumplimiento.
El ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales, en general, propenderá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud. Los principios y disposiciones establecidas para la administración económica y financiera nacional, regularán la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables.
¿Por qué la AN no destituyó relancinamente a los rectores del CNE?
1) Para destituir a los rectores, el TSJ tiene que pronunciarse. (Art. 296 de la constitución)
2) De los cinco rectores, tres son postulados por la sociedad civil mediante un comité de postulaciones, uno por el Poder Ciudadano y uno por las facultades de ciencias políticas y jurídicas de las universidades. No se puede nombrar un CNE a dedo sin pasar por el comité de postulaciones (Art. 295 y 296)
¿Qué hay que hacer para lograr conformar un nuevo CNE?
1) Remplazar a los jueces del TSJ declarados no válidos por no cumplir los requisitos que establece la ley.
2) Que el nuevo TSJ así designado se pronuncie para la destitución de los rectores.
3) Convocar un comité de postulaciones para el nuevo CNE.
4) Designar los nuevos rectores con (al menos) 112 diputados a favor.
Por lo tanto: los que quieren que la carreta vaya delante de los caballos están pelando bolas. La complejidad de la situación y la precariedad del equilibrio de fuerzas que hay en este momento obligan a hilar muy fino y pensar cada paso que se de.
Desde mayo de 2017, Juan Carlos Sosa Azpurua viene proponiendo una agenda de 20 puntos que debería acometer la Asamblea Nacional venezolana para finalizar la pesadilla del gobierno comunista. Entre otras cosas, Sosa Azpurua propone designar nuevos magistrados del TSJ y un gobierno de transición.
Los 20 puntos de Sosa Azpurua son aplastantemente lógicos, pero tienen que hacerse en el momento oportuno porque van a disparar una reacción que, si no podemos contrarrestarla, van a terminar con el mismo resultado que el 11A y con Venezuela sumida en 50 ó 60 años de dictadura comunista como Cuba.
Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después; un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después.
Ya se hizo el punto Nº 1 (desconocimiento del gobierno, llamamiento a la insurrección civil por el art. 350) y a lo mejor ya es momento de ejecutar el punto 2. Espero que los que están tomando decisiones tengan la información necesaria y construyan una buena estrategia, porque hasta ahora la única fuerza que tenemos es la lucha heroica de los jóvenes en la calle.
La guerra nos trae extraños aliados. Se puede actuar con cólera y resentimiento y rechazar al chavismo disidente, pero seguro que en esas condiciones, el núcleo duro del chavismo criminal nos va a aplastar a nosotros y a los disidentes. Todo lo que sume contra el establecimiento de la tiranía debe ser bienvenido aunque tengamos que taparnos la nariz. ¿O es que los Aliados en la II Guerra Mundial eran un banco uniforme de hermanitas de la caridad?
Designar un gobierno alternativo supone que hay alguien a quien nombrar como presidente transitorio. No se puede designar a cualquiera, esa designación requeriría del concierto (y el apoyo) de muchos sectores, incluyendo el militar. Por otra parte, organizar a la fuerza armada desde afuera es imposible. La fuerza armada tiene una organización natural y la única forma de interrumpir la cadena de mando natural es sustituir los eslabones que tengan que ser removidos por incurrir en delitos. No se puede conseguir que una linea de mando sea leal a un gobierno precariamente designado sin tener los elementos de mando y de comando que quieran ser leales.
No se puede decretar el desarme de los colectivos y paramilitares. La gente no se desarma por decreto. ¿Qué fuerza militar o policial va a enfrentarse a los colectivos para desarmarlos? La gente no es tonta y no regala su vida a cambio de nada.
No hace falta enumerar en un decreto las penas por los delitos como si no estuvieran ya tipificados en el código penal y fuera necesario un decreto para convalidarlos.
En resumen, los veinte puntos son «wishful thinking», puro voluntarismo. Aplicar los veinte puntos sin tener los mecanismos para que se ejecuten es como defenderse de unos asaltantes con un arma que tiene el cañón dañado. A lo mejor dispara, a lo mejor no dispara y lo peor es que a lo mejor explota y te sale el tiro por la culata.
Marsha P. Johnson fue una de las protagonistas de las protestas de Stonewall. La letra «P» -decía- era por «Pay no mind», que básicamente significa «no le des importancia». Nosotros, los jóvenes del siglo XXI usamos otra expresión: «Don’t give a fuck» o más irónicamente «Look at all the fucks I give».
En 1969, la Ley de Nueva York establecía la obligación de usar «tres prendas de ropa adecuadas al género». La redada de Stonewall fue una agresión del Estado contra los homosexuales, pero ESPECIALMENTE contra los «drag queens»; transexuales y travestistas.
Muchos liberal-conservadores se quejan de que el Orgullo Gay se ha convertido en una fiesta del exhibicionismo. El Orgullo traslada a nuestro tiempo la protesta legítima de una comunidad sometida mediante leyes absurdas y represivas. Que haya drag queens en los desfiles y marchas del orgullo no sólo es legítimo (¡faltaría más!) sino que es una bandera de reivindicación por la LIBERTAD y la IGUALDAD MORAL.
Un sindicato, si nos atenemos a la definición quien da el diccionario, debería ser una agrupación de trabajadores que se asocian para defender sus intereses frente a los intereses del empleador.
La ética libertaria reconoce el derecho que tienen las personas para asociarse con cualquier finalidad que no atente contra los derechos de otras personas. Es perfectamente lícito asociarse para defenderse, especialmente cuando se encuentra uno en una posición vulnerable y la asociación disminuye la vulnerabilidad y fortalece la capacidad de acción defensiva.
Debería ser meridianamente claro que ese derecho de asociación no supone la capacidad para impedir que otras personas realicen acuerdos de forma libre y voluntaria. Por consiguiente, un sindicato no debería tener la capacidad para impedir que el empleador contrate libremente a otras personas. Tampoco debería tener el poder para intervenir en las relaciones del empleador con sus clientes y mucho menos causar perjuicio al resto de la sociedad.
Cuando un sindicato excede su función de defensa de los intereses de sus afiliados frente al empleador y comienza a impedir que el resto de la sociedad realice acuerdos libremente e incluso, comienza a causar perjuicios al resto de la sociedad para su beneficio particular se convierte en una mafia.
En España actualmente existen dos focos de actividad mafiosa sindical: el sindicato de los estibadores y el de los taxistas. La reclamación de los estibadores no se limita a la defensa de sus condiciones de trabajo o salario; lo que reclaman es la potestad de impedir en cualquier otra persona en España realice tareas de estiba, es decir, impedir que cualquier persona física o jurídica que se dedique a la actividad portuaria realice contratos de trabajo con personas que no sean autorizadas a priori por el sindicato. Además, como consecuencia de este privilegio causan un perjuicio a todos los pagadores de impuestos de España que tenemos que afrontar las multas de la unión europea.
Sin entrar a discutir la moralidad de una sanción impuesta desde la unión europea a los pagadores e impuesto españoles, sería oportuno presentar una querella judicial contra los sindicatos de estibadores para reclamar que estas sanciones sean pagadas íntegramente por sus afiliados ya que las mismas son una consecuencia directa de los privilegios que ellos defienden y, en caso de que los sindicatos no puedan afrontar el importe íntegro de la sanción económica, que sean los partidos políticos que se han opuesto a la promulgación de la ley que liberaliza el sector de la estiba quienes afronten de forma subsidiaria las sanciones.
El segundo ejemplo de actividad mafiosa sindical es el de los taxistas. Su reclamación es el derecho exclusivo de realizar la actividad económica del transporte privado de pasajeros. Al igual que en el ejemplo anterior, los taxistas pretenden impedir que otras personas realicen acuerdos de forma libre y voluntaria, en este caso, los usuarios de plataformas peer to peer de transporte como Uber.
Nadie tiene el derecho de impedir mediante coacción que otras personas pacten libremente lo que quieran. Las reclamaciones, tanto de estibadores como de taxistas, son mafiosas y matoniles y los partidos que las apoyan actúan de forma deliberada aparentando defender a los más débiles cuando en realidad lo que hacen es promover que una casta cause perjuicios a todas las demás personas, especialmente a los ciudadanos productivos que pagamos impuestos y soportamos el pesado coste de un estado que promueve las mafias, exacerba la burocracia y reprime todo tipo de libertades.
En tu podcast La contracrónica del 31 de diciembre afirmaste que es el año en que terminó de naufragar el “sueño bolivariano”.
Creo que en este asunto estás equivocado, si por “sueño bolivariano” te refieres a la pesadilla neocominista en que Chávez, junto con otros militares amanecidos y esa gente, de la más rancia estirpe comunista, todos mayores de treinta años y por consiguiente, sin cerebro – a decir de Winston Churchil – sumió a Venezuela.
No, Fernando. La pesadilla chavista tiene vida para rato. Déjame que te explique por qué.
Para que se produjera la caída del régimen comunista en Venezuela tendría que producirse una conjunción de eventos que son poco probables. El régimen controla férreamente los mecanismos del poder, que, para no extenderme demasiado, voy a agrupar de la siguiente forma:
– El poder coercitivo “legal”. Lo de legal lo pongo entre muchas comillas, porque es un poder fáctico que se salta a la torera las leyes y la constitución que Chávez promulgó hace 17 años a la medida de sus necesidades. Este poder coercitivo legal está organizado en un eje encabezado por el tribunal supremo de justicia y otros tribunales encargados de la ejecución de las directrices políticas que salen de Miraflores; pasa por el SIBIM, es decir, el Servicio de Inteligencia Militar; el resto de las fuerzas armadas, y en particular la Guardia Nacional, encargada entre otras cosas del control de fronteras, la seguridad urbana y rural y el control del tránsito terrestre.
– El poder electoral, encabezado por el Consejo Supremo Electoral, un tribunal político a las órdenes del régimen cuyo objetivo es garantizar la imposibilidad técnica de que pierdan el control del Ejecutivo.
– El poder coercitivo clandestino, conformado por las bandas armadas y criminales, algunos de ellos recluidos “oficialmente” en prisiones pero que entran y salen a su discreción y sobre todo, que controlan fuerzas de choque civiles que usan tácticas de guerrilla para disolver cualquier manifestación popular contra el régimen. Son estos los que aparecen en motos como una manada de lobos, atraviesan una manifestación, matan a uno o dos y luego desaparecen.
– El poder económico, encabezado por la directiva de PDVSA, la única empresa que tiene carta blanca para comprar y vender fuera de las fronteras del país. También forman parte del poder económico el Servicio Nacional de Administración Tributaria (SENIAT) con el cual extorsionan a las pocas empresas que aún operan en el territorio, la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Económicos SUNDDE que se encarga de anular al sector comercio y el Banco Central de Venezuela, artífice del colapso de la moneda y de la extinción de la ya exigua clase media.
Para que cayera el régimen bolivariano tendrían que existir fuerzas capaces de vencer, o al menos contener y anular a esos cuatro poderes. El más importante y el más difícil de anular es el poder coercitivo legal. Los altos militares se están enriqueciendo en Venezuela mediante todo tipo de ilícitos, desde el narcotráfico hasta la expropiación por ocupación de tierras, fincas y empresas. Es éste poder el que le permite al régimen usar el poder electoral para amañan elecciones, con un registro electoral conocidamente adulterado; excusas burocráticas absurdas para no activar los procesos electorales y referendarios cuando correspondería y con trasiego y desaparición de votos.
También es el poder militar el que le permite al régimen usar al Tribunal Supremo de Justicia para neutralizar a la Asamblea Nacional, descalificando las leyes y resoluciones que emanan de ella por “inconstitucionales”. En esa lucha de fuerzas entre la Asamblea Nacional, que tiene potestad teórica para designar tanto a los jueces del Tribunal Supremo como a los Rectores del Consejo Nacional Electoral, los militares inclinan la balanza.
Con el mismo poder militar, se garantizan la ejecución de los desmanes y atropellos económicos: confiscan mercancías – como por ejemplo, confiscaron en diciembre los juguetes que estaba importando la compañía Kreisel, o las medicinas de la ONG CÁRITAS – cierran o expropian negocios alegando delitos fiscales, con el SENIAT, o delitos contra los derechos económicos, con la SUNDDE.
La única fuerza que podría neutralizar al poder militar es la fuerza de la gente en la calle protestando. Contra esa fuerza, el gobierno tiene muy a mano su brazo paramilitar, las bandas delictivas armadas y los círculos bolivarianos. Cada vez que hay una manifestación contra el gobierno salen a la calle los “motorizados” motoristas, diríamos en España y matan a dos inocentes, preferiblemente emblemáticos: adolescentes y estudiantes son sus víctimas favoritas, como fue el caso en 2015 de Kliverth Roa, de 14 años, asesinado en la ciudad de San Cristóbal.
Los venezolanos tienen que comprender que la revolución ni es pacífica ni es democrática. Es una tiranía comunista con todas sus letras. No es distinta de la tiranía coreana, ni de la vietnamita, ni de la extinta tiranía soviética de Stalin que mandó a la tumba a entre 20 y 40 millones de personas. Por duro que pueda resultar, la salida de una tiranía así tampoco será democrática. Ni pacífica. Es necesario que la gente en Venezuela comprenda la necesidad de trasgredir los mecanismos del sistema. En lo económico, comprar y vender bienes y servicios fuera del sistema monetario de curso legal, mediante monedas virtuales o extranjeras, cualquier cosa que no sea el bolívar. También es imprescindible que la gente corriente cuente con instrumentos de defensa personal y que estén dispuestos a usarlos.
Finalmente, quisiera trasladar al contexto Español la reflexión sobre Venezuela. Tenemos en puertas la amenaza real de que un grupo político de la misma naturaleza e ideología que el régimen bolivariano se haga con el poder. Los líderes de Podemos fueron financiados desde Venezuela, con dólares del petróleo y mediante la figura de contratos de asesoramiento y otros servicios. Es imprescindible que se sepa en España que, si bien la justicia no ve delito en ese financiamiento, el vínculo entre Iglesias y Monedero con la dictadura venezolana es real, es auténtico y es un hecho demostrado y del conocimiento público. Recordemos que la policía nacional española verifica la autenticidad de las órdenes de pago emitidas por el Ministerio de Relaciones Interiores venezolano a favor de Iglesias y de Monedero. Eso puede no ser delito, pero establece un nexo directo entre el régimen y la dirigencia de Podemos.
Ante estos hechos tan peligrosos y frente al crecimiento de la simpatía política hacia Podemos en España hace falta una confrontación clara y directa desde la perspectiva liberal libertaria. Urge desmontar todos y cada uno de los mitos populistas de Podemos, desde la birria de la democracia asamblearia, que es una farsa para conseguir que la cúpula del politburó imponga decisiones arbitrarias sobre competencias en las que ninguna democracia representativa de las tradicionales se atrevería a entrometerse; hasta la mentira flagrante acerca de que el dinero es la causa de todos los males, pasando por los mitos de la pobreza y la desigualdad y de su solución mágica mediante la redistribución de una riqueza que no existe y que no se puede crear cuando se controlan, como en Venezuela, todos los medios de producción.
Ojalá yo esté equivocado y tú tengas razón, pero me temo que no se va a escribir en la historia de Venezuela que 2016 fue el año en que colapsó el sueño bolivariano. Por el contrario, será un año más en que podrá trazarse un isomorfismo topológico perfecto entre la historia de Cuba y la de Venezuela.
El pasado 29 de noviembre circuló en la presna nacional la noticia de la detención de una pareja de hombres y una mujer por «vender» a su bebé.
Este es un ejemplo clarísimo de DELITO SIN VICTIMA. En España, donde las parejas homosexuales pueden «teóricamente» adoptar un hijo, un acuerdo privado de adopción es considerado delito.
Somos una sociedad sumamente hipócrita, nos gusta encontrar delitos donde no lo hay. Preferimos que una mujer aborte a que ceda voluntariamente la custodia y patria potestad de su hijo.
En una sociedad verdaderamente libre ceder la custodia y patria potestad es un asunto particular. Pero NO. En España metemos al ESTADO de por medio, para que venga a entrometerse y entorpecerlo todo, porque es mejor tener a los niños en horfanatos -bajo la custodia del Estado- que en un hogar –y valga acotar que el hecho de que fuera una pareja homosexual no afecta para nada en este «delito», el delito es simplemente actuar de forma PARTICULAR en los asuntos donde el ESTADO quiere meter el cucharón.
Que exista esta categoría de «delitos» sin víctima me parece repudiable. Que además se impida que una pareja -homosexual o heterosexual- realice un acuerdo por el cual obtiene la custodia y patria potestad de un menor en una circunstancia en la que la madre NO DESEABA CONSERVARLA es totalmente ilógico y además es INMORAL.
Yo le voy a decir decisiones que sí son «ideológicas»: la exhoneración del IBI a la iglesia, el Reglamento Hipotecario que permite a la iglesia APODERARSE de cualquier inmueble que no esté registrado, la «Casilla para la iglesia» en la declaración del IRPF y los 10.000 millones de Euros anuales que recibe la iglesia de las arcas públicas.
¿Decisiones ideológicas, señor Torres? Sí que las hay en España… ¡Y tantas!
El Ayuntamiento de Madrid anunció el pasado 13 de octubre que comenzará a cobrará un impuesto a los cajeros automáticos a partir del 1º de enero de 2017. Por cada cajero, el banco propietario cobrará entre 26 y 742 euros al ayuntamiento, dependiendo de criterios arbitrarios fijados por el propio ayuntamiento. La medida se aplicará a pesar de que el 14 de julio pasado, la propia alcaldesa Manuela Carmena, aseguró que no se gravaría la instalación de cajeros en las calles.
Las cifras
En la Comunidad de Madrid hay unos 3400 cajeros, según cifras publicadas por el diario El Mundo en 2015. Si suponemos que los cajeros se distribuyen geográficamente en proporción a la población, podríamos decir que en la ciudad de Madrid hay unos 1655 cajeros.
Basándonos en el estimado de recaudación de 745.405 Euros, el impuesto medio por cajero será de 450 Euros al año. Si aceptamos como cierto que los cajeros mueven unos 110.000 millones de Euros al año, la aplicación de la tasa en Madrid significaría unos 7 céntimos por cada 100 Euros retirados del cajero.
Los bancos tienen dos opciones: asumir el coste adicional que significa la tasa o transferirlo a sus clientes, de forma directa, por medio del cobro de comisiones; o de forma indirecta, aplicando el coste como un gasto corriente adicional y socializándolo como una disminución de las tasas de interés pagadas a los clientes de cuentas corrientes, de ahorro y otros instrumentos de depósito. Los bancos, como cualquier empresa, asumen una variación en los costes únicamente cuando las condiciones de competencia en el mercado les obligan. Como la tasa es de aplicación universal para todos los bancos, es evidente que éstos van a terminar transfiriendo el coste a los clientes y la decisión va ser entre transferirlos de forma directa o indirecta. Esa decisión va a depender fundamentalmente de qué tan sensible sea la demanda de disposiciones de efectivo en función del precio que se paga por el servicio. Intuitivamente, pareciera que la demanda de disposiciones de efectivo en cajeros automáticos es bastante inelástica porque no existen muchas alternativas tan versátiles como el efectivo, aunque algunos bancos han comenzado a implementarlas. Los ciudadanos terminaremos pagando el impuesto a los cajeros en forma de comisiones.
Doble Imposición
Todas las edificaciones, incluyendo aquellas donde se instalan cajeros automáticos, son sujetos del Impuesto de Bienes Inmuebles que cobra el Ayuntamiento a los titulares de la propiedad o concesión administrativa. Más allá del cuestionamiento sobre la moralidad de la exacción coactiva del Estado municipal hacia las personas, la aplicación de una “tasa por aprovechamiento del espacio público” pecha dos veces al mismo sujeto por el mismo concepto. La carencia moral de la doble imposición es tal que algunos países la prohíben en sus constituciones. Además, la tasa de aprovechamiento crea una discriminación moral en contra de unos sujetos (los propietarios de los cajeros) en relación a otros (los demás propietarios de inmuebles que aprovechan el espacio público con sus fachadas, espacios comerciales, puertas, ventanas o simplemente con su presencia).
Del bolsillo de unos al bolsillo de otros
La Alcaldía afirma que los casi 750.000 Euros anuales van a ser destinados a “fines sociales”, que pueden ser cualquier cosa, desde un comedor social para niños desamparados hasta la subvención para diez mil películas de cine. El uso de los recursos fiscales siempre es discrecional y arbitrario, sin más límites que los que se acuerden en los Presupuestos Municipales, ya que las leyes que regulan las competencias del Ayuntamiento de Madrid son extremadamente laxas. En otras palabras, el Ayuntamiento puede hacer con ese dinero lo que le dé la gana a la señora alcaldesa con la connivencia de los señores concejales. Así sin más.
Todo acto de la Administración Pública se traduce en un movimiento de dinero desde el bolsillo del contribuyente al bolsillo del beneficiario previo pago de una comisión de administración que se paga en forma de los sueldos y salarios de los políticos y burócratas. Aceptando la suposición de que en toda sociedad habrá una pequeña fracción de personas que no sean capaces de producir lo mínimo necesario para su subsistencia, lo moralmente aceptable debería ser que el dinero fuese transferido de forma voluntaria de las manos del que lo produce a las manos del que lo necesita. El pago coactivo de una “comisión de administración” es doblemente inmoral: primero, con el que cede la riqueza, porque se le despoja por la fuerza de una riqueza que él no ha querido ceder de forma voluntaria; y con el necesitado, porque en vez de recibir la cantidad íntegra cedida, tiene que pagar la “comisión de administración” al político y al burócrata.
La Propuesta Libertaria
El camino libertario para combatir esos vicios morales pasa por Incluir en la constitución la prohibición de la doble imposición. Esa proposición debe conducir eventualmente a la consolidación de un impuesto único, que podría ser el IVA. En segundo lugar, derogar las Leyes de Capitalidad de Madrid y otras ciudades, que permiten el gasto indiscriminado, injustificado y arbitrario; y reformar la Ley de las Administraciones Locales para restringir sus competencias a lo estrictamente necesario y además desregular el sistema bancario para estimular la competencia en la prestación de servicios de pago y disposición de dinero en efectivo y estimule el uso de formas de dinero alternativo como el dinero privado y las cryptomonedas.
Marsha P. Johnson fue una de las protagonistas de las protestas de Stonewall. La letra «P» -decía- era por «Pay no mind», que básicamente significa «no le des importancia». Nosotros, los jóvenes del siglo XXI usamos otra expresión: «Don’t give a fuck» o más irónicamente «Look at all the fucks I give».
ética libertaria reconoce el derecho que tienen las personas para asociarse con cualquier finalidad que no atente contra los derechos de otras personas. Es perfectamente lícito asociarse para defenderse, especialmente cuando se encuentra uno en una posición vulnerable y la asociación disminuye la vulnerabilidad y fortalece la capacidad de acción defensiva.
La Alcaldía afirma que los casi 750.000 Euros anuales van a ser destinados a “fines sociales”, que pueden ser cualquier cosa, desde un comedor social para niños desamparados hasta la