El petróleo que hay en el territorio de Venezuela debe ser de los venezolanos. No de forma retórica, indirecta, bajo el control del gobierno, sino en propiedad pura y simple. Lo más pernicioso de que la propiedad de los recursos del subsuelo venezolano sean administrados por el Estado es que éste dispone de forma libre y arbitraria de un flujo constante de riquezas que le permite actuar a la manera de forajidos contra los propios venezolanos.
Si bien, el marco constitucional actual no permite la privatización de las riquezas minerales (Art. 311) se podría comenzar con un esquema de distribución de las utilidades de PDVSA entre los venezolanos siguiendo el modelo que usa Alaska.
a.- Las regalías petroleras se pueden repartir de forma directa en partes iguales entre todos los venezolanos.
b.- Los impuestos petroleros se pueden eliminar. En su lugar, se puede aplicar una cuota de regalías superior de tal manera que el ingreso se redistribuya en forma de renta básica en vez de ser administrado por el gobierno.
c.- Las utilidades de PDVSA se pueden repartir con la misma base que las regalías.
Más adelante, la reforma de la constitución debe permitir la privatización total de las riquezas, que puede hacerse fácilmente si se han aplicado previamente las medidas anteriores, sobre la misma base de los beneficiarios del reparto de regalías y utilidades.
Aquí, el texto del artículo 311 que establece los lineamientos para la planificación y uso de los fondos provenientes de riquezas naturales, violado en forma y en fondo por el propio régimen dictatorial y comunista que tiraniza el país:
Artículo 311. La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta debe equilibrarse en el marco plurianual del presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios.
El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional para su sanción legal un marco plurianual para la formulación presupuestaria que establezca los límites máximos de gasto y endeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley establecerá las características de este marco, los requisitos para su modificación y los términos de su cumplimiento.
El ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales, en general, propenderá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud.
Los principios y disposiciones establecidas para la administración económica y financiera nacional, regularán la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables.
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