El Ayuntamiento de Madrid anunció el pasado 13 de octubre que comenzará a cobrará un impuesto a los cajeros automáticos a partir del 1º de enero de 2017. Por cada cajero, el banco propietario cobrará entre 26 y 742 euros al ayuntamiento, dependiendo de criterios arbitrarios fijados por el propio ayuntamiento. La medida se aplicará a pesar de que el 14 de julio pasado, la propia alcaldesa Manuela Carmena, aseguró que no se gravaría la instalación de cajeros en las calles.
Las cifras
En la Comunidad de Madrid hay unos 3400 cajeros, según cifras publicadas por el diario El Mundo en 2015. Si suponemos que los cajeros se distribuyen geográficamente en proporción a la población, podríamos decir que en la ciudad de Madrid hay unos 1655 cajeros.
Basándonos en el estimado de recaudación de 745.405 Euros, el impuesto medio por cajero será de 450 Euros al año. Si aceptamos como cierto que los cajeros mueven unos 110.000 millones de Euros al año, la aplicación de la tasa en Madrid significaría unos 7 céntimos por cada 100 Euros retirados del cajero.
Los bancos tienen dos opciones: asumir el coste adicional que significa la tasa o transferirlo a sus clientes, de forma directa, por medio del cobro de comisiones; o de forma indirecta, aplicando el coste como un gasto corriente adicional y socializándolo como una disminución de las tasas de interés pagadas a los clientes de cuentas corrientes, de ahorro y otros instrumentos de depósito. Los bancos, como cualquier empresa, asumen una variación en los costes únicamente cuando las condiciones de competencia en el mercado les obligan. Como la tasa es de aplicación universal para todos los bancos, es evidente que éstos van a terminar transfiriendo el coste a los clientes y la decisión va ser entre transferirlos de forma directa o indirecta. Esa decisión va a depender fundamentalmente de qué tan sensible sea la demanda de disposiciones de efectivo en función del precio que se paga por el servicio. Intuitivamente, pareciera que la demanda de disposiciones de efectivo en cajeros automáticos es bastante inelástica porque no existen muchas alternativas tan versátiles como el efectivo, aunque algunos bancos han comenzado a implementarlas. Los ciudadanos terminaremos pagando el impuesto a los cajeros en forma de comisiones.
Doble Imposición
Todas las edificaciones, incluyendo aquellas donde se instalan cajeros automáticos, son sujetos del Impuesto de Bienes Inmuebles que cobra el Ayuntamiento a los titulares de la propiedad o concesión administrativa. Más allá del cuestionamiento sobre la moralidad de la exacción coactiva del Estado municipal hacia las personas, la aplicación de una “tasa por aprovechamiento del espacio público” pecha dos veces al mismo sujeto por el mismo concepto. La carencia moral de la doble imposición es tal que algunos países la prohíben en sus constituciones. Además, la tasa de aprovechamiento crea una discriminación moral en contra de unos sujetos (los propietarios de los cajeros) en relación a otros (los demás propietarios de inmuebles que aprovechan el espacio público con sus fachadas, espacios comerciales, puertas, ventanas o simplemente con su presencia).
Del bolsillo de unos al bolsillo de otros
La Alcaldía afirma que los casi 750.000 Euros anuales van a ser destinados a “fines sociales”, que pueden ser cualquier cosa, desde un comedor social para niños desamparados hasta la subvención para diez mil películas de cine. El uso de los recursos fiscales siempre es discrecional y arbitrario, sin más límites que los que se acuerden en los Presupuestos Municipales, ya que las leyes que regulan las competencias del Ayuntamiento de Madrid son extremadamente laxas. En otras palabras, el Ayuntamiento puede hacer con ese dinero lo que le dé la gana a la señora alcaldesa con la connivencia de los señores concejales. Así sin más.
Todo acto de la Administración Pública se traduce en un movimiento de dinero desde el bolsillo del contribuyente al bolsillo del beneficiario previo pago de una comisión de administración que se paga en forma de los sueldos y salarios de los políticos y burócratas. Aceptando la suposición de que en toda sociedad habrá una pequeña fracción de personas que no sean capaces de producir lo mínimo necesario para su subsistencia, lo moralmente aceptable debería ser que el dinero fuese transferido de forma voluntaria de las manos del que lo produce a las manos del que lo necesita. El pago coactivo de una “comisión de administración” es doblemente inmoral: primero, con el que cede la riqueza, porque se le despoja por la fuerza de una riqueza que él no ha querido ceder de forma voluntaria; y con el necesitado, porque en vez de recibir la cantidad íntegra cedida, tiene que pagar la “comisión de administración” al político y al burócrata.
La Propuesta Libertaria
El camino libertario para combatir esos vicios morales pasa por Incluir en la constitución la prohibición de la doble imposición. Esa proposición debe conducir eventualmente a la consolidación de un impuesto único, que podría ser el IVA. En segundo lugar, derogar las Leyes de Capitalidad de Madrid y otras ciudades, que permiten el gasto indiscriminado, injustificado y arbitrario; y reformar la Ley de las Administraciones Locales para restringir sus competencias a lo estrictamente necesario y además desregular el sistema bancario para estimular la competencia en la prestación de servicios de pago y disposición de dinero en efectivo y estimule el uso de formas de dinero alternativo como el dinero privado y las cryptomonedas.
No Comments