Un sindicato, si nos atenemos a la definición quien da el diccionario, debería ser una agrupación de trabajadores que se asocian para defender sus intereses frente a los intereses del empleador.
La 
ética libertaria reconoce el derecho que tienen las personas para asociarse con cualquier finalidad que no atente contra los derechos de otras personas. Es perfectamente lícito asociarse para defenderse, especialmente cuando se encuentra uno en una posición vulnerable y la asociación disminuye la vulnerabilidad y fortalece la capacidad de acción defensiva.
Debería ser meridianamente claro que ese derecho de asociación no supone la capacidad para impedir que otras personas realicen acuerdos de forma libre y voluntaria. Por consiguiente, un sindicato no debería tener la capacidad para impedir que el empleador contrate libremente a otras personas. Tampoco debería tener el poder para intervenir en las relaciones del empleador con sus clientes y mucho menos causar perjuicio al resto de la sociedad.
Cuando un sindicato excede su función de defensa de los intereses de sus afiliados frente al empleador y comienza a impedir que el resto de la sociedad realice acuerdos libremente e incluso, comienza a causar perjuicios al resto de la sociedad para su beneficio particular se convierte en una mafia.
En España actualmente existen dos focos de actividad mafiosa sindical: el sindicato de los estibadores y el de los taxistas. La reclamación de los estibadores no se limita a la defensa de sus condiciones de trabajo o salario; lo que reclaman es la potestad de impedir en cualquier otra persona en España realice tareas de estiba, es decir, impedir que cualquier persona física o jurídica que se dedique a la actividad portuaria realice contratos de trabajo con personas que no sean autorizadas a priori por el sindicato. Además, como consecuencia de este privilegio causan un perjuicio a todos los pagadores de impuestos de España que tenemos que afrontar las multas de la unión europea.
Sin entrar a discutir la moralidad de una sanción impuesta desde la unión europea a los pagadores e impuesto españoles, sería oportuno presentar una querella judicial contra los sindicatos de estibadores para reclamar que estas sanciones sean pagadas íntegramente por sus afiliados ya que las mismas son una consecuencia directa de los privilegios que ellos defienden y, en caso de que los sindicatos no puedan afrontar el importe íntegro de la sanción económica, que sean los partidos políticos que se han opuesto a la promulgación de la ley que liberaliza el sector de la estiba quienes afronten de forma subsidiaria las sanciones.
El segundo ejemplo de actividad mafiosa sindical es el de los taxistas. Su reclamación es el derecho exclusivo de realizar la actividad económica del transporte privado de pasajeros. Al igual que en el ejemplo anterior, los taxistas pretenden impedir que otras personas realicen acuerdos de forma libre y voluntaria, en este caso, los usuarios de plataformas peer to peer de transporte como Uber.
Nadie tiene el derecho de impedir mediante coacción que otras personas pacten libremente lo que quieran. Las reclamaciones, tanto de estibadores como de taxistas, son mafiosas y matoniles y los partidos que las apoyan actúan de forma deliberada aparentando defender a los más débiles cuando en realidad lo que hacen es promover que una casta cause perjuicios a todas las demás personas, especialmente a los ciudadanos productivos que pagamos impuestos y soportamos el pesado coste de un estado que promueve las mafias, exacerba la burocracia y reprime todo tipo de libertades.
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