El petróleo que hay en el territorio de Venezuela debe ser de los venezolanos. No de forma retórica, indirecta, bajo el control del gobierno, sino en propiedad pura y simple. Lo más pernicioso de que la propiedad de los recursos del subsuelo venezolano sean administrados por el Estado es que éste dispone de forma libre y arbitraria de un flujo constante de riquezas que le permite actuar a la manera de forajidos contra los propios venezolanos.
Si bien, el marco constitucional actual no permite la privatización de las riquezas minerales (Art. 311) se podría comenzar con un esquema de distribución de las utilidades de PDVSA entre los venezolanos siguiendo el modelo que usa Alaska.
a.- Las regalías petroleras se pueden repartir de forma directa en partes iguales entre todos los venezolanos.
b.- Los impuestos petroleros se pueden eliminar. En su lugar, se puede aplicar una cuota de regalías superior de tal manera que el ingreso se redistribuya en forma de renta básica en vez de ser administrado por el gobierno.
c.- Las utilidades de PDVSA se pueden repartir con la misma base que las regalías.
Más adelante, la reforma de la constitución debe permitir la privatización total de las riquezas, que puede hacerse fácilmente si se han aplicado previamente las medidas anteriores, sobre la misma base de los beneficiarios del reparto de regalías y utilidades.
Aquí, el texto del artículo 311 que establece los lineamientos para la planificación y uso de los fondos provenientes de riquezas naturales, violado en forma y en fondo por el propio régimen dictatorial y comunista que tiraniza el país:
Artículo 311. La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta debe equilibrarse en el marco plurianual del presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios.
El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional para su sanción legal un marco plurianual para la formulación presupuestaria que establezca los límites máximos de gasto y endeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley establecerá las características de este marco, los requisitos para su modificación y los términos de su cumplimiento.
El ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales, en general, propenderá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud. Los principios y disposiciones establecidas para la administración económica y financiera nacional, regularán la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables.
¿Por qué la AN no destituyó relancinamente a los rectores del CNE?
1) Para destituir a los rectores, el TSJ tiene que pronunciarse. (Art. 296 de la constitución)
2) De los cinco rectores, tres son postulados por la sociedad civil mediante un comité de postulaciones, uno por el Poder Ciudadano y uno por las facultades de ciencias políticas y jurídicas de las universidades. No se puede nombrar un CNE a dedo sin pasar por el comité de postulaciones (Art. 295 y 296)
¿Qué hay que hacer para lograr conformar un nuevo CNE?
1) Remplazar a los jueces del TSJ declarados no válidos por no cumplir los requisitos que establece la ley.
2) Que el nuevo TSJ así designado se pronuncie para la destitución de los rectores.
3) Convocar un comité de postulaciones para el nuevo CNE.
4) Designar los nuevos rectores con (al menos) 112 diputados a favor.
Por lo tanto: los que quieren que la carreta vaya delante de los caballos están pelando bolas. La complejidad de la situación y la precariedad del equilibrio de fuerzas que hay en este momento obligan a hilar muy fino y pensar cada paso que se de.
Desde mayo de 2017, Juan Carlos Sosa Azpurua viene proponiendo una agenda de 20 puntos que debería acometer la Asamblea Nacional venezolana para finalizar la pesadilla del gobierno comunista. Entre otras cosas, Sosa Azpurua propone designar nuevos magistrados del TSJ y un gobierno de transición.
Los 20 puntos de Sosa Azpurua son aplastantemente lógicos, pero tienen que hacerse en el momento oportuno porque van a disparar una reacción que, si no podemos contrarrestarla, van a terminar con el mismo resultado que el 11A y con Venezuela sumida en 50 ó 60 años de dictadura comunista como Cuba.
Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después; un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después.
Ya se hizo el punto Nº 1 (desconocimiento del gobierno, llamamiento a la insurrección civil por el art. 350) y a lo mejor ya es momento de ejecutar el punto 2. Espero que los que están tomando decisiones tengan la información necesaria y construyan una buena estrategia, porque hasta ahora la única fuerza que tenemos es la lucha heroica de los jóvenes en la calle.
La guerra nos trae extraños aliados. Se puede actuar con cólera y resentimiento y rechazar al chavismo disidente, pero seguro que en esas condiciones, el núcleo duro del chavismo criminal nos va a aplastar a nosotros y a los disidentes. Todo lo que sume contra el establecimiento de la tiranía debe ser bienvenido aunque tengamos que taparnos la nariz. ¿O es que los Aliados en la II Guerra Mundial eran un banco uniforme de hermanitas de la caridad?
Designar un gobierno alternativo supone que hay alguien a quien nombrar como presidente transitorio. No se puede designar a cualquiera, esa designación requeriría del concierto (y el apoyo) de muchos sectores, incluyendo el militar. Por otra parte, organizar a la fuerza armada desde afuera es imposible. La fuerza armada tiene una organización natural y la única forma de interrumpir la cadena de mando natural es sustituir los eslabones que tengan que ser removidos por incurrir en delitos. No se puede conseguir que una linea de mando sea leal a un gobierno precariamente designado sin tener los elementos de mando y de comando que quieran ser leales.
No se puede decretar el desarme de los colectivos y paramilitares. La gente no se desarma por decreto. ¿Qué fuerza militar o policial va a enfrentarse a los colectivos para desarmarlos? La gente no es tonta y no regala su vida a cambio de nada.
No hace falta enumerar en un decreto las penas por los delitos como si no estuvieran ya tipificados en el código penal y fuera necesario un decreto para convalidarlos.
En resumen, los veinte puntos son «wishful thinking», puro voluntarismo. Aplicar los veinte puntos sin tener los mecanismos para que se ejecuten es como defenderse de unos asaltantes con un arma que tiene el cañón dañado. A lo mejor dispara, a lo mejor no dispara y lo peor es que a lo mejor explota y te sale el tiro por la culata.
En tu podcast La contracrónica del 31 de diciembre afirmaste que es el año en que terminó de naufragar el “sueño bolivariano”.
Creo que en este asunto estás equivocado, si por “sueño bolivariano” te refieres a la pesadilla neocominista en que Chávez, junto con otros militares amanecidos y esa gente, de la más rancia estirpe comunista, todos mayores de treinta años y por consiguiente, sin cerebro – a decir de Winston Churchil – sumió a Venezuela.
No, Fernando. La pesadilla chavista tiene vida para rato. Déjame que te explique por qué.
Para que se produjera la caída del régimen comunista en Venezuela tendría que producirse una conjunción de eventos que son poco probables. El régimen controla férreamente los mecanismos del poder, que, para no extenderme demasiado, voy a agrupar de la siguiente forma:
– El poder coercitivo “legal”. Lo de legal lo pongo entre muchas comillas, porque es un poder fáctico que se salta a la torera las leyes y la constitución que Chávez promulgó hace 17 años a la medida de sus necesidades. Este poder coercitivo legal está organizado en un eje encabezado por el tribunal supremo de justicia y otros tribunales encargados de la ejecución de las directrices políticas que salen de Miraflores; pasa por el SIBIM, es decir, el Servicio de Inteligencia Militar; el resto de las fuerzas armadas, y en particular la Guardia Nacional, encargada entre otras cosas del control de fronteras, la seguridad urbana y rural y el control del tránsito terrestre.
– El poder electoral, encabezado por el Consejo Supremo Electoral, un tribunal político a las órdenes del régimen cuyo objetivo es garantizar la imposibilidad técnica de que pierdan el control del Ejecutivo.
– El poder coercitivo clandestino, conformado por las bandas armadas y criminales, algunos de ellos recluidos “oficialmente” en prisiones pero que entran y salen a su discreción y sobre todo, que controlan fuerzas de choque civiles que usan tácticas de guerrilla para disolver cualquier manifestación popular contra el régimen. Son estos los que aparecen en motos como una manada de lobos, atraviesan una manifestación, matan a uno o dos y luego desaparecen.
– El poder económico, encabezado por la directiva de PDVSA, la única empresa que tiene carta blanca para comprar y vender fuera de las fronteras del país. También forman parte del poder económico el Servicio Nacional de Administración Tributaria (SENIAT) con el cual extorsionan a las pocas empresas que aún operan en el territorio, la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Económicos SUNDDE que se encarga de anular al sector comercio y el Banco Central de Venezuela, artífice del colapso de la moneda y de la extinción de la ya exigua clase media.
Para que cayera el régimen bolivariano tendrían que existir fuerzas capaces de vencer, o al menos contener y anular a esos cuatro poderes. El más importante y el más difícil de anular es el poder coercitivo legal. Los altos militares se están enriqueciendo en Venezuela mediante todo tipo de ilícitos, desde el narcotráfico hasta la expropiación por ocupación de tierras, fincas y empresas. Es éste poder el que le permite al régimen usar el poder electoral para amañan elecciones, con un registro electoral conocidamente adulterado; excusas burocráticas absurdas para no activar los procesos electorales y referendarios cuando correspondería y con trasiego y desaparición de votos.
También es el poder militar el que le permite al régimen usar al Tribunal Supremo de Justicia para neutralizar a la Asamblea Nacional, descalificando las leyes y resoluciones que emanan de ella por “inconstitucionales”. En esa lucha de fuerzas entre la Asamblea Nacional, que tiene potestad teórica para designar tanto a los jueces del Tribunal Supremo como a los Rectores del Consejo Nacional Electoral, los militares inclinan la balanza.
Con el mismo poder militar, se garantizan la ejecución de los desmanes y atropellos económicos: confiscan mercancías – como por ejemplo, confiscaron en diciembre los juguetes que estaba importando la compañía Kreisel, o las medicinas de la ONG CÁRITAS – cierran o expropian negocios alegando delitos fiscales, con el SENIAT, o delitos contra los derechos económicos, con la SUNDDE.
La única fuerza que podría neutralizar al poder militar es la fuerza de la gente en la calle protestando. Contra esa fuerza, el gobierno tiene muy a mano su brazo paramilitar, las bandas delictivas armadas y los círculos bolivarianos. Cada vez que hay una manifestación contra el gobierno salen a la calle los “motorizados” motoristas, diríamos en España y matan a dos inocentes, preferiblemente emblemáticos: adolescentes y estudiantes son sus víctimas favoritas, como fue el caso en 2015 de Kliverth Roa, de 14 años, asesinado en la ciudad de San Cristóbal.
Los venezolanos tienen que comprender que la revolución ni es pacífica ni es democrática. Es una tiranía comunista con todas sus letras. No es distinta de la tiranía coreana, ni de la vietnamita, ni de la extinta tiranía soviética de Stalin que mandó a la tumba a entre 20 y 40 millones de personas. Por duro que pueda resultar, la salida de una tiranía así tampoco será democrática. Ni pacífica. Es necesario que la gente en Venezuela comprenda la necesidad de trasgredir los mecanismos del sistema. En lo económico, comprar y vender bienes y servicios fuera del sistema monetario de curso legal, mediante monedas virtuales o extranjeras, cualquier cosa que no sea el bolívar. También es imprescindible que la gente corriente cuente con instrumentos de defensa personal y que estén dispuestos a usarlos.
Finalmente, quisiera trasladar al contexto Español la reflexión sobre Venezuela. Tenemos en puertas la amenaza real de que un grupo político de la misma naturaleza e ideología que el régimen bolivariano se haga con el poder. Los líderes de Podemos fueron financiados desde Venezuela, con dólares del petróleo y mediante la figura de contratos de asesoramiento y otros servicios. Es imprescindible que se sepa en España que, si bien la justicia no ve delito en ese financiamiento, el vínculo entre Iglesias y Monedero con la dictadura venezolana es real, es auténtico y es un hecho demostrado y del conocimiento público. Recordemos que la policía nacional española verifica la autenticidad de las órdenes de pago emitidas por el Ministerio de Relaciones Interiores venezolano a favor de Iglesias y de Monedero. Eso puede no ser delito, pero establece un nexo directo entre el régimen y la dirigencia de Podemos.
Ante estos hechos tan peligrosos y frente al crecimiento de la simpatía política hacia Podemos en España hace falta una confrontación clara y directa desde la perspectiva liberal libertaria. Urge desmontar todos y cada uno de los mitos populistas de Podemos, desde la birria de la democracia asamblearia, que es una farsa para conseguir que la cúpula del politburó imponga decisiones arbitrarias sobre competencias en las que ninguna democracia representativa de las tradicionales se atrevería a entrometerse; hasta la mentira flagrante acerca de que el dinero es la causa de todos los males, pasando por los mitos de la pobreza y la desigualdad y de su solución mágica mediante la redistribución de una riqueza que no existe y que no se puede crear cuando se controlan, como en Venezuela, todos los medios de producción.
Ojalá yo esté equivocado y tú tengas razón, pero me temo que no se va a escribir en la historia de Venezuela que 2016 fue el año en que colapsó el sueño bolivariano. Por el contrario, será un año más en que podrá trazarse un isomorfismo topológico perfecto entre la historia de Cuba y la de Venezuela.
