Madrid y las Ayudas a los Refugiados Sirios

A finales del año 2015 la Alcaldía de Madrid ofreció alojamiento gratuito, tarjeta sanitaria,  y una ayuda mensual de 400 euros a los refugiados sirios que se establecieran en la ciudad, para lo cual dispuso de una partida de 10 millones de Euros.

Una estimación bastante gruesa (a partir de los datos de empleo a nivel nacional) nos hace suponer que la gracia le ha costado alrededor de 8 euros con 50 céntimos a cada contribuyente madrileño y tiene el siguiente beneficio real: El alquiler de un piso en Madrid tiene un coste de oportunidad promedio de unos 400 euros al mes, es decir, unos 4.800€ al año. El subsidio por familia también es de 4.800€ al año. El coste de oportunidad de la cobertura médica se podría equiparar al coste de un seguro privado de salud. Para una cobertura equiparable a la de la Seguridad Social el coste puede ascender a unos 1050€ anuales y una familia refugiada promedio puede tener entre 3 y 4 miembros, lo que significa que el coste de oportunidad en cobertura sanitaria puede llegar a unos 4.000€ por familia.

Si sumamos todas las partidas, llegamos a la conclusión de que cada familia le cuesta a Madrid unos 13.600 al año, es decir: con 10 millones de Euros se puede dar ayuda a unas 735 familias, entre 2.200 y 2.900 personas, menos que una gota de agua frente a los más de cuatro millones y medio de refugiados que ha generado el conflicto.

¿Ayudar a 6 de cada 10.000 refugiados dándoles casa, comida y sanidad es lo mejor que se puede hacer? A la luz de los principios libertarios, es evidente que no lo es por muchos motivos, para comenzar, porque el origen de los recursos es la exacción coercitiva por la vía de los impuestos y no una contribución voluntaria, pero además porque establece un vínculo de dependencia entre los beneficiarios de la ayuda y el gobierno local y constituye una discriminación positiva hacia los elegidos para disfrutar del beneficio en contra de todos los demás refugiados, pero sobre todo, contra los propios madrileños en situación de pobreza extrema que deberían tener, como poco, el mismo tratamiento desde la perspectiva de la igualdad moral.

Una alternativa afín a los principios libertarios sería un programa de puertas abiertas sin subvenciones ni ayudas estatales, acompañado de las siguientes medidas:

• Establecer una política de bienvenida a los inmigrantes que suponga que tanto ellos como nosotros estamos dispuestos a aceptar los principios de libertad individual, igualdad moral, propiedad privada, responsabilidad y cumplimiento voluntario de los pactos y contratos acordados libremente.
• Liberalizar los mecanismos de caridad privada y voluntaria en vez del sistema de recaudación coercitiva de los impuestos, de tal forma que cualquiera que quiera donar a las personas más necesitadas pueda hacerlo, con la libertad de elegir a quién ayuda y de qué forma lo hace.
• Otorgar permisos de trabajo por cuenta propia o ajena a cualquier refugiado que lo solicite.
• Eliminar el salario mínimo y permitir la libre contratación y despido. En lugar de un sistema de indemnización por despido obligatorio y universal, liberalizar la negociación de las condiciones de contratación de tal forma que cada empleador y empleado puedan acordar las condiciones del despido. De esta forma se facilitaría la incorporación de la población de refugiados al mercado de trabajo.
• Desregular la homologación de títulos y autorizar a las universidades a dar reconocimiento oficial a los títulos obtenidos en el extranjero de forma expedita. Las universidades a su vez pueden establecer convenios y vínculos con otras universidades en el extranjero para la validación expedita de títulos mediante el traslado de expedientes académicos por medios electrónicos. De esta forma se facilitaría la incorporación de personas altamente cualificadas en la sociedad.
• Limitar los mecanismos del estado de bienestar como la asistencia santiaria gratuita y progresivamente sustituirlos por un sistema donde cada quien tenga la posibilidad de elegir su sistema de salud y de pensiones. De esta forma se aliviaría a los refugiados la carga contributiva que significa un sistema de salud y pensiones obligatorio.

Con los 10 millones de Euros que se ahorraría Madrid se podría proceder a la recompra de bonos de deuda pública de Madrid que pagan intereses por encima del 5,7% y producir un ahorro en intereses superior a 350.000 euros que podrían devolverse a los contribuyentes madrileños.